La Fiscalía del Supremo no cede: recurrirá la semilibertad de los golpistas porque «no se han arrepentido»

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene su firmeza respecto a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O y no se quedará cruzada de brazos ante la aprobación del tercer grado para Oriol Junqueras y el resto de los golpistas condenados. Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que el Ministerio Fiscal recurrirá el régimen de semilibertad aprobado por las cárceles catalanas porque es «prematuro» y los líderes independentistas «no se han arrepentido» del delito cometido.

Las juntas de tratamientos de los centros penitenciarios de Lledoners, en San Juan de Torruella (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueras (Gerona), y la cárcel de mujeres Wad-Ras en la capital catalana han propuesto que los nueve líderes independentistas condenados (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Jordi Cuixart) sólo vuelvan a dormir a la cárcel de domingo a jueves. El fin de semana podrán pasarlo en sus domicilios, junto a sus familias. Además, indican fuentes de la Consejería de Justicia de la Generalitat, se está estudiando que puedan acudir a otro tipo de centros, con menos seguridad que una prisión, encaminados hacia la reinserción.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico califican esta medida de «disparatada» debido a que algunos de los golpistas ni siquiera han cumplido una cuarta parte de la condena y podrán beneficiarse de la semilibertad apenas nueve meses después de haber sido condenados.

El ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, fue condenado a 13 años de prisión por un delito de sedición en concurso medial con malversación; los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa afrontan una pena de 12 años de cárcel por sedición y malversación; Josep Rull y Joaquim Forn fueron absueltos del delito de malversación y el tribunal les impuso 10 años y medio de prisión. La ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Por este mismo delito se impuso una pena de nueve años a los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los fiscales del juicio del 1-O propusieron en su escrito de conclusiones definitivas que se aplicara a los condenados el artículo 36.2 del Código Penal que impide la concesión del tercer grado antes de cumplir la mitad de la pena. Sin embargo, el Alto Tribunal rechazó esta propuesta en la sentencia que condenó a los líderes con pena de cárcel por sedición y, a alguno de ellos, también por malversación.

Los fiscales del Supremo pretendían con esta petición evitar un «indulto encubierto». Un extremo que, según algunas fuentes consultadas, estaría produciéndose.

El principal motivo en el que se apoyará el Ministerio Público para recurrir la semilibertad de los independentistas es que «no están arrepentidos del delito cometido». Las mismas fuentes explican que no se dan las condiciones necesarias para obtener un tercer grado porque «ni siquiera se han sometido a un programa de rehabilitación».

Este elevado riesgo de reincidencia ha generado polémica tras las declaraciones públicas de algunos de los condenados que afirmaron que «lo volverían a hacer» cuando aún se encontraba en el banquillo de los acusados. Unas palabras que apoyó el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Además, recuerdan que ya se les ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (que otorga unos privilegios similares a los del tercer grado) en segundo grado de manera indebida, cuyo resultado es un fraude que tiene como único objetivo «sacarles de la prisión».

No ceden

Los fiscales se mantienen firmes y no van a ceder ante tales medidas que «carecen de fundamento jurídico». Por ello, el fiscal de vigilancia penitenciaria –que ya recurrió los beneficios otorgados a los condenados para que pudieran salir a la calle en segundo grado– ahora presentará un recurso denominado «de alzada» ante el juez de vigilancia penitenciaria.

Las mismas fuentes explican que previsiblemente, como ya ha ocurrido, el magistrado se pronunciará en contra de esta petición y, por tanto, no revocará el tercer grado. Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía presentará un recurso de apelación ante el tribunal sentenciador, en este caso la Sala Segunda del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena, que tiene efectos suspensivos por lo que los presos volverían a la situación anterior (reclusos en segundo grado) hasta que el tribunal dicte una resolución.